El Ayuntamiento de Alicante ha congelado las tasas a la hostelería porque el equipo de gobierno de la alcaldesa, Sonia Castedo, entiende que se trata del «revulsivo de la economía de la ciudad» en estos momentos, en palabras de su concejal de Hacienda, Juan Seva.
En concreto, se quedan sin cambio las tasas de ocupación de la vía pública, ya sea con mesas y sillas (terrazas), para actividad comercial o los denominados quioscos. Precisamente ayer se aprobaron también por la Junta Local de Gobierno las licencias para seis de estos establecimientos en la calle que ofrecerán servicio de cafetería. Un síntoma más del auge de los negocios hosteleros y de restauración.
De hecho, la concejal de Comercio, Belén González, también ha corroborado este fenómeno patente también en la afluencia de mucha clientela procedente de otros municipios de la provincia. Hasta el punto de que los hosteleros comentan que se vuelve a oír hablar en valenciano en las calles del centro de Alicante.
El único aumento de la presión fiscal que afectará este año a todos los alicantinos se refiere a la tasa por la recogida de basuras, ya que se presentan 50.000 recibos al cobro, por viviendas u otros bienes. Sube un 3% y, según Seva, representará 97 céntimos de encarecimiento al año.
Quedan fuera de aumentos los impuestos directos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de vehículos, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el de plusvalías.
Sí se aplicará el 3% de incremento a 11 tasas y precios públicos por otros tantos servicios que se utilizan más o menos asiduamente, según cada ciudadano. Por ejemplo, los alicantinos abonarán unos céntimos más cuando utilicen las instalaciones deportivas (y las piscinas), las escuelas deportivas, el ascensor del Castillo de Santa Bárbara, el cementerio, los Bomberos o por el canon de explotar un puesto en un mercado municipal.
Aunque el Ministerio de Hacienda exigió al Ayuntamiento de Alicante –como requisito por haberle inyectado 27 millones de euros del segundo plan de pago a proveedores– que estos servicios municipales se costeen íntegramente del bolsillo de los usuarios, el departamento de Seva ha optado por no aplicar la presión fiscal que eso conllevaría, y únicamente ha «actualizado» los considerados «más deficitarios». El concejal mencionó como ejemplo que el servicio de Bomberos estaba sin cambiar desde 1995.
Esta revisión de tasas se aprobará en el próximo pleno y se aplicará en breve, con excepción de la de basuras cuyo aumento vendrá en el recibo de 2015, al tener carácter anual.
La razón por la que el ayuntamiento no va a ceñirse estrictamente a las exigencias de Cristóbal Montoro contenidas en el plan de pago a proveedores es que las cuentas municipales ya cumplen con los requisitos estipulados en cuanto al remanente de tesorería, liquidez y abono de facturas en un mes de plazo.
De esta forma, Seva confía en que en el Ministerio de Hacienda se fijarán en que los objetivos están cumplidos y no es necesario agobiar a los contribuyentes en unos momentos económicos todavía complicados. «Se puede decir que ya hemos hecho los deberes, nuestra contabilidad está saneada y hace falta subir impuestos», subrayó el concejal.
De hecho, los únicos aumentos no representan una carga excesiva para las economías domésticas, por ejemplo, son 2 euros al año por matricular a un niño en las escuelas deportivas o 10 céntimos por disfrutar de la piscina municipal.
Desde la oposición, el PSOE, Esquerra Unida y UPyD coincidieron ayer en sus críticas contra la gestión del equipo de gobierno de Castedo, que calificaron de desastrosa y culpable de que los ciudadanos tengan que pagar más durante los próximos 10 años.
