A finales del pasado mes de mayo, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, envió al Congreso de los Diputados el nuevo borrador de la Ley Antitabaco (Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.) para que todos los Grupos Parlamentarios pudieran valorarlo y presentar así una proposición de ley por la que se modifique la actual norma. Esta reforma pretende que quede totalmente prohibido fumar en todos los establecimientos públicos cerrados, lo que afectará a bares, restaurantes, cafeterías, y cualquier tipo de negocio hostelero.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sólo fue respaldada por los Grupos Parlamentarios de Esquerra Republicana, Izquierda Unida y por Iniciativa per Catalunya Verds. No fue apoyada por los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, CIU, PNV y el Grupo Mixto, ya que consideran que un cambio de esta magnitud debe estar respaldado por un estudio económico previo sobre los efectos de la modificación de la ley, por lo que la reforma debe realizarse mediante un proyecto de ley y no mediante una proposición. La mayoría de los portavoces de Sanidad rechazaron la vía de la proposición de ley.
En palabras de José Mª Rubio, presidente de la FEHR (Federación Española de Hostelería), hay que valorar positivamente el hecho de que "los portavoces de sanidad hayan valorado y reflexionado nuestra postura buscando una memoria económica que ponga de manifiesto las consecuencias de aprobación de la prohibición total”. Según Rubio, lo importante es que se avance en la ley "valorando la repercusión de la misma y se establezca una hoja de ruta con soluciones que sean favorables para todas las partes”.
Fuente: Hostelería Digital
