CASO ESCUELA MERCASEVILLA
Tres hombres para tres encrucijadas judiciales
11/10/2009 |
SEVILLA- La instrucción a cargo de la magistrada Mercedes Alaya sigue descubriendo datos que ramifican el «caso Mercasevilla» en causas judiciales bien diferenciadas, pero que tienen protagonistas en común y que, además, pone en evidencia la gestión pública, por mucho que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y su equipo de Gobierno intenten minimizar la dimensión política del espinoso asunto. Tres son los frentes judiciales abiertos en relación a Mercasevilla y su fundación asistencial, y tres los nombres que están sonando con fuerza por su vinculación con este escándalo, directa o indirecta, reconocida o todavía por descubrir oficialmente. El primero de estos nombres sólo puede ser Fernando Mellet, imputado en la primera causa judicial: la presunta petición de comisiones ilegales a dos empresarios de La Raza para garantizarles la adjudicación de la futura escuela de hostelería de Mercasevilla. Los hosteleros presuntamente extorsionados grabaron las conversaciones y justo en ese momento se truncó el prometedor futuro político –dentro del engranaje municipal– de Mellet, que comenzó su carrera como abogado de Comisiones Obreras y, sin prisa pero sin pausa, fue escalando posiciones hasta alcanzar en 2002 la dirección general de Mercasevilla. Coincidencias Durante este camino, Mellet siempre fue militante del PSOE en la agrupación de la Macarena, donde coincidió con otros dos hombres clave: Daniel Ponce y Domingo Enrique Castaño. El primero, trabajador de toda la vida del mercado central, le acompañaría en calidad de director adjunto en su aventura al frente de la compañía. Con el segundo trabajaría antes incluso, como letrado en la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, de la que Castaño era secretario general. Expulsado de su puesto y del PSOE, hoy por hoy Fernando Mellet está imputado por las comisiones ilegales, como presunto autor de los delitos de cohecho, prevaricación y fraude de funcionario público. Cargos y causa comparte con Daniel Ponce, que sí fue cesado de su puesto –Mellet dimitió antes de su destitución– pero que no desaparecerá de la escena sin hacer ruido. Tiene recurrida su expulsión definitiva de Mercasevilla en base a unas condiciones laborales que él mismo negoció como sindicalista, que le reportarían una indemnización de casi 900.000 euros o una prejubilación con el 89 por ciento de su sueldo. Algo más cómodo está Domingo Enrique Castaño, tercer hombre de actualidad que por ahora asiste en calidad de testigo a la segunda causa judicial: la venta del suelo de Mercasevilla a Sando. Centro neurálgico La oposición insiste en situar a Castaño en el centro de los mayores escándalos de la «era Monteseirín», y no extraña. Era secretario de Organización del PSOE en la Macarena cuando estalló la bomba de las «facturas falsas» y fue señalado como asesor de una de las empresas investigadas por los polémicos recibos. Estaba en la ejecutiva de Unidad en la época en que apareció el fax remitido desde el Grupo municipal Socialista con indicaciones para falsear facturas, un asunto todavía en los tribunales. Ya en 2003, Castaño pasó al Ayuntamiento como asesor y después recaló en Vía Pública en calidad de director general, a la cómoda sombra del delegado –y ex presidente de Unidad– Manuel Gómez Lobo y compatibilizando su actividad con la comisión ejecutiva de Mercasevilla. Allí asistió a la elaboración y ejecución de concurso público que adjudicaría a Sando el terreno del mercado central y que ahora investiga la juez Alaya por «fraudulento». Esta causa también avanza más rápido que la pendiente por presuntos delitos societarios en Mercasevilla y su fundación, donde el primer informe de Deloitte ya detectó irregularidades contables. Mellet vuelve a primer plano, pero las responsabilidades en la gestión pueden ser más amplias.
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